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El proyecto de ley SB 185 hace que los ánimos se caldeen en Houston

Este miércoles se vivieron momentos tensos en la oficina del Sindicato de Oficiales de la Policía de Houston cuando un grupo de unos 20 activistas hispanos quisieron reunirse con Ray Hunt, presidente del sindicato, para pedirle que no apoye un proyecto de ley que permitiría a los departamentos de policía de Texas investigar el estado inmigratorio de personas a las que arresten o que hayan sido detenidas “para la investigación de un delito”.

El proyecto de ley en cuestión, el SB 185, fue presentado por el senador republicano del área de Lubbock Charles Perry y actualmente está siendo debatido en el Subcomité de Seguridad Fronteriza del Senado estatal, en Austin.

En el incidente del miércoles, representantes de las organizaciones Texas Organizing Project (TOP), el Centro de Trabajadores Fe y Justicia y el Frente Interdependiente de Latinos Unidos (FILU) se reunieron frente al edificio del sindicato policial, ubicado cerca del downtown, ingresaron al pasillo de entrada y pidieron hablar con Hunt.

El líder sindical de la Policía dijo que estaba dispuesto a conversar con una sola persona que hablara en nombre de todo el grupo de activistas, pero éstos decidieron que querían enviar una delegación que tuviera un representante de cada organización que estaba participando en la protesta.

Altercado

Tras un breve altercado en el que Hunt advirtió a Alain Cisneros, miembro de TOP, y al resto del grupo de que si no salían del pasillo la Policía les arrestaría por invasión de propiedad, los activistas salieron y protestaron desde la acera usando pancartas contra el SB 185 y profiriendo cánticos en contra del proyecto de ley.

Hunt declaró que su sindicato no apoya el SB 185 porque propone que el gobierno estatal pueda recortar los fondos públicos que aporta a los presupuestos de las agencias del orden, como el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), en el caso de que tengan normas que prohíban a sus oficiales investigar el estado inmigratorio de sus detenidos, que es lo que ocurre actualmente en Houston.

 

Matiz

Sin embargo, Hunt matizó que su grupo está de acuerdo con el espíritu de la propuesta del senador Perry. El policía consideró en este sentido que los oficiales deberían tener el derecho de investigar la condición inmigratoria de personas que tuvieran arrestadas o que estuvieran detenidas como parte de la investigación de un crimen.

Hunt puso un ejemplo de una situación en la que, dijo, lo que propone el SB 185 tiene sentido.

“Una mujer nos llama y vamos a su casa. Ella es una inmigrante ilegal… Ella nos dice: ‘Mi esposo dice que va a matarme’ y él está ahí mismo. Él dice: ‘Nunca he dicho eso. Nunca he dicho que vaya a matarla. No quiero matarla’. Ella dice: ‘Él ya ha sido deportado dos veces, no debería estar aquí’. Nuestras normas me prohíben averiguar si eso es verdad. Si descubro que eso es verdad y hago que ese hombre sea expulsado de este país, he salvado la vida de una inmigrante ilegal. ¿Qué tiene eso de malo?”, preguntó Hunt.

Para Hunt, el matiz que los activistas no tienen en cuenta cuando protestan contra el SB 185 es que, de convertirse en ley, al menos en base a la primera versión del proyecto, el policía sólo podría preguntar sobre el estado inmigratorio de alguien a quien hubiera arrestado o detenido para la investigación de un delito.

Una ley innecesaria

Cisneros, por su parte, consideró que ese matiz no es importante y aseguró que el SB 185 no es necesario en Texas. Según el activista, lo que pide su organización es que el sindicato del HPD declare públicamente su oposición al SB 185.

“Ese matiz no es importante porque ya hay procedimientos para hacer eso y hay procedimientos para cuando alguien está arrestado pedirle la información que necesitan”, añadió Cisneros, en referencia a los programas Comunidades Seguras y 287g, por medio de los cuales tanto oficiales del HPD como agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris pueden investigar la condición inmigratoria de personas arrestadas que estén ingresando en sus cárceles.

El activista aseguró asimismo que “todos nos preocupamos por los policías. Todos queremos que los policías lleguen en la tarde con sus familias, que lleguen a ver a sus hijos. También nosotros queremos que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros padres lleguen cada noche a ver a su familia”, en lugar de correr el riesgo de ser detenidos por no tener documentos.

Efectos colaterales

Según Cisneros, el efecto práctico de la ley podría ser que si un indocumentado está relacionado de alguna manera con un crimen, como parte de una investigación, “también se le va a preguntar y si esa persona es inocente va a quedar a la luz su estatus (inmigratorio) y va a poder tener consecuencias”.

“Hemos recibido quejas de que policías no aceptan una matrícula consular o un ID vencido o una identificación. Dicen: ‘No, no te pareces, no creo que eres tú y te arrestamos’”, agregó el activista, para quien el SB 185 causaría “caos” y “confusión”.

“Sabemos que estos proyectos de ley lo que hacen es intimidar y darle miedo a la comunidad y proyectan una gran confusión. Inclusive ahorita que no existe (la ley), que no ha pasado (no ha sido aprobada) existe una desconfianza”, indicó por su parte Hamilton Gramajo, miembro del Centro de Trabajadores Fe y Justicia.

Posible beneficio para criminales

“El que saldría beneficiado con esto es el criminal, porque si yo me veo en la posición de que veo un crimen, con el temor de que me pidan mis documentos, no lo voy a reportar. ¿Y quién se salió con la suya, a quién favorece esta ley? Al criminal, así de sencillo. Entonces simplemente le pedimos a la Policía o a estos agentes que por favor no apoyen o que manden cartas o que hablen con el gobernador o los legisladores para que esos proyectos de ley no continúen”, remachó Gramajo.

Cisneros adelantó que su grupo y otros tienen intención de viajar a Austin el próximo 22 de abril para pedir al gobernador Greg Abbott que se reúna con familias indocumentadas que tienen miedo del SB 185. “Vamos a pedirle al gobernador de Texas que se reúna con familias indocumentadas, que hable con ellos cara a cara”, apostilló. En caso de que el proyecto de Perry fuera aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes estatales sería Abbott, como gobernador, quien tendría que dar el último paso y firmar la ley para que entrara en vigor.

Enmiendas y posibles fechas de voto

Una fuente de la oficina de Perry dijo que éste está colaborando con el senador demócrata Eddie Lucio Jr., que representa el distrito 27, el cual comprende zonas del valle del Río Grande, en enmiendas al SB 185, aunque no aclaró qué cambios implicarían.

La misma fuente, así como un miembro de la oficina de Lucio Jr., señalaron que es posible que el SB 185 sea presentado a voto ante el Subcomité de Seguridad Fronteriza el lunes 30 de marzo y después ante el Comité de Asuntos de Veteranos e Instalaciones Militares, del cual depende, el miércoles 1 de abril.

Expertos en política estatal han apuntado que es probable que el Senado estatal aprueba el SB 185 debido a que el Partido Republicano tiene la mayoría en la Cámara Alta y además, debido a un cambio implementado este año por el nuevo vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick, basta que un proyecto de ley tenga el apoyo de tres quintos de la cámara para ser aprobado.

Sin embargo, según los mismos expertos, la probabilidad de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto es más incierta porque, aunque los republicanos también tienen la mayoría, hay más miembros moderados de los que hay en el Senado, sobre todo los que suelen alinearse con el presidente de la Cámara Baja, el representante Joe Strauss, del Distrito 121, que abarca San Antonio y comunidades aledañas.
Esta historia apareció en La Voz de Houston.